Nos encontramos ante uno de tantos señalamientos públicos que realiza el Estado en contra de un ciudadano, somos testigos de prácticas institucionales y escuchamos expresiones de servidores públicos que transgreden la presunción de inocencia, que exigen la prueba de inocencia en lugar de tener la prueba de culpabilidad.
El caso de Erick Valencia “El 85”, es un asunto más en donde se observa clara violación al principio de inocencia y sometimiento del estado mexicano al sistema judicial del país vecino del norte, en donde se pretende juzgar a un connacional por tribunales ajenos a nuestro país, ante tal situación, queda en evidencia que nuestro sistema judicial es incapaz de garantizar los derechos constitucionales para salvaguardar las peticiones Norteamericanas.
Ante la defensa de cualquier derecho, siempre existirán posiciones políticas, liberales o progresistas, frente a otras más conservadoras. Cada posición cuenta con una gama importante de métodos de interpretación y argumentación desarrollados por la ciencia jurídica. Sin embargo, en un Estado de Derecho democrático el conflicto que surge de tales posiciones siempre deberá ser atendido por tribunales supuestamente independientes e imparciales, aunque a veces incapaces de generar criterios científico-jurídicos que en teoría, deberían resolver de mejor manera el conflicto.
